¿Que es el decreto N° 8.190?

El decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas publicado en la gaceta oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 6 de mayo del 2011;  Es un decreto-ley creado con el fin de erradicar el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas.

Teniendo en cuenta la exposición de motivos de este decreto, su fundamento se encuentra en garantizar que el procedimiento para los desalojos forzosos se realice conforme al derecho a la defensa y protegiendo a la familia y su acceso a la vivienda, para asegurar de este modo el derecho que tienen las personas naturales y su grupo familiar de no ser desalojados arbitrariamente.

Este decreto tiene el objeto de mantener la protección de los arrendatarios, ocupantes o usufructuarios de una vivienda principal, frente medidas administrativas o judiciales a través de las cuales se pretenda interrumpir la posición legitima que ejercieren sobre el bien inmueble.

Ahora bien, los sujetos que gozaran de esta protección están previsto en su articulo 2, el cual establece que, “ serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de Ley, las personas, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarios, comodatarios, asi como aquellas personas que ocupen de manera legitima dichos inmuebles como vivienda principal…”

Considerando esto, los sujetos protegidos por este decreto, se dividen en tres: personas naturales y grupos familiares ( arrendatarios), personas naturales y grupos familiares ( comodatarios) y cualquier ocupante legitimo de un bien inmueble que funcione como vivienda principal.

Además de estos, en la parte in fine de este mismo articulo, se incluyen como beneficiarios de esta protección a los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, utilizados como vivienda familiar pudieran estar en riesgo de ejecución judicial, teniendo como consecuencia la perdida de la posesión o tenencia.